LAS UNIONES DE HECHO

En nombre de la libertad del amor, algunas parejas rechazan cualquier calificación jurídica: no pretenden establecer una relación de cónyuges, sino simplemente convivir. Entienden que lo único existente entre ellos es su afecto mutuo y la voluntad libre de permanecer haciendo vida en común o de interrumpirla si libremente lo desean, rechazando la intervención reguladora de la sociedad. Pero, paradójicamente, algunas de esas parejas solicitan ahora un registro en el que poder inscribirse: no como matrimonio, sino de otra forma.

Drama humano y conflicto jurídico

Por Juan Ignacio Bañares
Los Estados modernos han sentido desde sus inicios la necesidad de proclamar a gritos los derechos y libertades del hombre. Una necesidad que se ha traducido en un esfuerzo inmenso para recoger, describir y garantizar esos derechos y esas libertades en textos escritos. Nunca como en los últimos siglos se han aprobado declaraciones de derechos, constituciones y códigos, leyes, decretos y reglamentos —civiles y penales, laborales y administrativos— para defender los derechos del hombre frente a las arbitrariedades nacidas al abrigo de la acumulación del poder, especialmente del ejecutivo.

Dentro de ese esfuerzo legislativo, los Estados modernos comenzaron a exigir una forma de celebración del compromiso matrimonial y su correspondiente inscripción en un registro: en unas ocasiones, aceptando la forma canónica; en otras, estableciendo una forma civil única. La sociedad moderna juzga que el mundo de las relaciones que nacen con el matrimonio no es una realidad exclusivamente individual. La realidad matrimonial y familiar genera unos derechos y unos deberes entre los cónyuges, y de los padres en relación con los hijos, y del Estado en relación con el núcleo familiar… que deben ser protegidos socialmente.

Amor y Registro Civil

Con todo, en nombre de la libertad del amor, algunas parejas se negaron entonces y se niegan hoy a aceptar esas exigencias. Rechazaron y rechazan cualquier calificación jurídica, precisamente porque no quieren el matrimonio: no pretenden establecer una relación de cónyuges entre ellos, sino simplemente convivir. En este sentido, lógicamente, no pueden aceptar los rasgos, los requisitos, las características ni los efectos propios del matrimonio. Estas parejas entienden que lo único existente entre ellos es su afecto mutuo y la voluntad libre de permanecer haciendo vida en común o de interrumpirla si libremente lo desean. Hacen vida en común y asumen —en su caso— la relación de paternidad o maternidad, pero rechazando la intervención reguladora de la sociedad.

Paradójicamente, ahora que los ámbitos de libertad se encuentran más desarrollados que nunca en los Estados de derecho, algunas parejas de hecho han pedido —o incluso exigido— un registro en el que puedan inscribirse como tales. A primera vista, tal vez no sea fácil entender qué ha ocurrido para que se produzca esta inversión de papeles, impensable hace pocos años, y por qué surge esa nueva demanda social. Por eso hay que hacer notar que esta demanda no proviene de un cambio de concepción de la unión de hecho. Quienes mantienen una relación de este tipo no pretenden que su unión sea reconocida como matrimonio: siguen rechazando su concepto y sus rasgos. Sí pretenden, sin embargo, ser reconocidos de otra forma —justamente como lo que son: una pareja de hecho— y pretenden, en consecuencia, que ese reconocimiento les permita disfrutar de ciertos efectos jurídicos, propios del matrimonio, que les parecen ventajosos y convenientes: los relativos, por ejemplo, a bienes patrimoniales, impuestos, sucesiones, etcétera. Es decir: no quieren aquello que la sociedad entiende como matrimonio, pero solicitan de la sociedad un trato equiparable en el derecho.

No se trata aquí de analizar cada una de las opiniones que se defienden al respecto sobre el alcance de esa equiparación. Se trata más bien de señalar que el rechazo terminante a ser considerado matrimonio, tal vez no sea el mejor fundamento para pedir un tratamiento jurídico parejo. Por una parte, el matrimonio está definido en la sociedad civil como un tipo de relación concreta. Y por otra, la regulación del matrimonio no se limita a definirlo y a establecer determinados efectos: también señala requisitos y rasgos propios. En definitiva, los efectos vienen como consecuencia del tipo de relación que el matrimonio es y de sus características propias. Pues la sociedad entiende que la relación matrimonial afecta a su entramado nuclear y a un derecho fundamental de la persona y —en consecuencia— intenta describir y proteger la relación en sí y la libertad de quienes desean contraerla.

Amor libre, hecho y derecho

Pero en una unión de hecho la realidad es diferente: precisamente por ser de hecho, esa unión rechaza lo demás. Por eso los problemas que plantea esa pretendida equiparación no tienen solución fácil.

Respecto a su origen y naturaleza, resulta ciertamente difícil saber en qué consiste esa relación, y por qué debe tener un reconocimiento público, si no existe entre la pareja ningún compromiso. Es decir, se trata del simple hecho de que un varón y una mujer han decidido compartir algo de su vida durante un tiempo expresamente indeterminado, pero sin ser nada entre ellos. Ahora bien, si no reconocen en esa unión una relación especial que dé lugar a derechos y deberes, cuesta discernir qué debe proteger el derecho. Porque si la relación misma permanece por definición absolutamente abierta, es imposible que obligue a nada —entre ellos— y por tanto que afecte de alguna manera a la Justicia. Por otra parte, tampoco resulta fácil explicar por qué deben otorgarse ciertos efectos jurídicos a este tipo de uniones y no a otras.

En el fondo, probablemente se está apelando a una cierta tendencia de estabilidad —de ahí la solicitud de un registro— como fundamento de estas exigencias. Pero la contradicción reside entonces en que su esencia misma rechaza todo compromiso de futuro. Pues una relación hecha de “instantes”, al no vincular conductas, no puede exigir implicaciones por parte de la sociedad o de terceros.

Otra dificultad añadida sería discernir qué y cómo debe regularse lo no regulable. Sería necesario tener en cuenta cierto grado de parentesco, pues no parece adecuada una unión de abuela y nieto, o de hermano y hermana; también habría que considerar una edad mínima, el no estar casado con otra persona, o ser sujeto de otra —u otras— uniones .de hecho. Pero entonces se acabaría reinventando lo que para el matrimonio se ha llamado tradicionalmente “impedimentos” (de edad, de parentesco, de vínculo).

Además, el hecho de la inscripción en un registro previa solicitud firmada por ambos se convertiría en el fondo en una cierta “forma de celebración” de la unión, un modo externo de manifestación ante la sociedad de la voluntad de convivir.

Y por último habría que atender a la protección de la libertad y capacidad de quienes solicitan la inscripción. Y esto supondría de nuevo una regulación de la voluntariedad de las partes y de sus posibles defectos.

Pero resulta que los impedimentos, la forma de celebración y la regulación del consentimiento constituyen precisamente el esqueleto del tratamiento jurídico del matrimonio. De este modo, se llegaría a la siguiente contradicción: sería necesario un verdadero sistema —un nuevo ordenamiento jurídico— no-matrimonial, paralelo al matrimonial, para regular lo que no quiere ser regulado, y otorgar unos efectos cuasi-matrimoniales a unas uniones no-matrimoniales. Es decir, se multiplicaría lo formal por parte de la intervención de la sociedad —del derecho—, sólo que sin contenido objetivo: puesto que no existe vínculo, ni compromiso, ni obligaciones entre las partes. Las uniones de hecho pasarían a ser una especie de “matrimonio de segunda” con efectos —en definitiva— exclusivamente patrimoniales y económicos.

Por otro lado, podrían existir nuevas parejas que no quisieran ese tipo de regulación, y a su vez pasado el tiempo podrían solicitar un registro y unos efectos equiparables… ¡y así hasta el infinito!

¿Dónde está la justicia?

Las razones que con frecuencia se alegan para solicitar los efectos aludidos parten frecuentemente de casos penosos y extremos. No es justo que un varón, bien dotado económicamente y que ha convivido durante largos años con una mujer que se ha dedicado en exclusiva a la atención del hogar y de los hijos, pueda abandonarla repentinamente dejándola sin medios de subsistencia (también podría suceder al contrario, aunque es más infrecuente); o no es justo que un miembro de una pareja que ha convivido toda su vida no reciba herencia o pensión alguna del otro miembro de la pareja, por la simple razón de que murió sin otorgar testamento.

Ante estas alegaciones, se puede recordar que escogieron libremente ese tipo de unión, que supone aceptar el riesgo derivado de su apertura permanente: de hecho, es eso lo querido por ellos: ningún compromiso. Con todo, quizá en estos casos se está apelando inconscientemente a otras razones de justicia.

En efecto, si bien no parece claro que la voluntad de instaurar una unión de hecho tenga títulos para exigir derechos, también es patente que la realidad —el hecho continuado— de una vida en pareja, de la formación de una familia, de la convivencia a modo de matrimonio, origina ciertos derechos en función de los hijos —y de las relaciones de parentesco— y del tiempo y conductas dedicados por la pareja que forma la unión. El hecho de la voluntad inicial, cuando se hace tiempo, se multiplica en muchos hechos enlazados… y éstos sí pueden dar origen a una dimensión de justicia, porque ha existido una relación intersubjetiva con prestaciones mutuas implícitamente aceptadas por ambas partes.

Por eso no parece adecuado plantear el tema jurídico en el momento inicial, en su origen formal a través de la inscripción en el registro, sino —cuando sea necesario— acudiendo a los tribunales para que decidan dónde está la justicia y dónde la injusticia en función de la conducta libremente vivida por las parejas. Así permanecerán en el ámbito estrictamente privado, pero se podrá dar fuerza a los hechos vividos como tal pareja en el momento jurisprudencial: cuando se puede probar que una concreta unión de hecho llegó —también por vía de hecho— a engendrar derecho. Y el contenido de la prueba estaría basado en la efectiva vida de pareja y con los hijos. La nueva paradoja es que, al final, el derecho surge precisamente por la relación de permanencia, dedicación mutua y paternidad y maternidad común: es decir, cuando se asumen —por vía de hecho— los fines de la vida matrimonial y familiar a la que desean equipararse. Quienes se casan, porque comprometen conductas de futuro, engendran en su inicio relaciones de justicia entre ellos y con la sociedad; las uniones de hecho, porque rechazan tal compromiso, no pueden dar lugar a tales relaciones en su comienzo, sino en la medida del desarrollo de la convivencia mutua: y determinar la justicia en tales supuestos de hecho —también por la variedad y complejidad que presentan— parece más acorde con la tarea específica de los jueces.

Obviamente no se trata de ignorar los atropellos que puedan producirse, ni de impedir la justicia; al contrario, se trata de determinar el modo más adecuado para resolver aquéllos aplicando ésta.

Publicado en la revista Nuestro Tiempo
Nº 514, abril 1997.
Edición autorizada de arvo.net

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