IMPONER UN NOMBRE

Jorge Peñacoba
Es loable garantizar la libertad individual y ampliar los derechos. Es un empeño irreprochable lograr que no se discrimine y sean respetadas socialmente las personas con una inclinación homosexual asumida en ejercicio de la propia libertad. Con imaginación, incluso se pueden conseguir reformas legales que eviten injustas discriminaciones en diversos aspectos jurídicos que reclaman. ¿Por qué, sin embargo, \’obligarnos\’ a todos \’por ley\’ a llamar matrimonio a una situación que jamás ha sido considerada tal? ¿No es un abuso de autoridad que alguien, aunque sea un Parlamento, \’imponga\’ el significado de las palabras? ¿No se ha roto «el necesario equilibrio entre la ampliación de los derechos civiles de la minoría homosexual y la salvaguarda del interés general», como ha afirmado muy sensatamente una senadora del PSC, Mercedes Aroz?

Efectivamente, la reforma del Código Civil que se ha impuesto supone la equiparación o, mejor dicho, la identificación de las uniones homosexuales con el matrimonio. Así lo expresa lacónicamente la nueva redacción del Artículo 44: «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo». La reforma consiste no tanto en extender un derecho, sino en establecer una indefinición jurídica. Por supuesto no se trata de una indefinición casual, sino la creación de un pie forzado que permita la acogida en la figura jurídica del matrimonio de algo que toda la Humanidad ha considerado hasta ahora como otra realidad distinta del matrimonio. Para lograrlo se lleva a cabo una especie de \’deconstrucción\’ del matrimonio: el sexo (no hablo de la sexualidad, sino del género) deja de ser relevante en su definición. Podríamos preguntarnos qué es entonces lo relevante, qué es lo que define jurídicamente el matrimonio, incluso qué es lo que lo hace merecedor de una definición jurídica.

¿Por qué se ha mixtificado la definición de matrimonio tan radicalmente? Se argumenta que se trata de terminar con una discriminación secular, pero esto no parece tener fundamento: a nadie se le prohíbe el matrimonio, no existe discriminación alguna; tampoco se impone, ni se le impide a nadie buscar e instaurar otras formas de vida en común. ¿Por qué entonces privar a las cosas del privilegio de su propio nombre? George Orwell, en \’1984\’ o en \’Rebelión en la granja\’, ironiza amargamente sobre las tergiversaciones ideológicas que el poder ejerce a veces sobre el lenguaje común para ocultar una realidad que se quiere negar. ¿Qué se busca? Quizá la respuesta esté en las manifestaciones de algunos conspicuos militantes del movimiento gay cuando han sido entrevistados: \’A nosotros no nos interesa en sí el matrimonio, lo que nos interesa es la igualdad\’. ¿Por fin llegamos al meollo! Es decir, les da un poco igual que se cree un registro para sus uniones, que se les garantice no ser perjudicados en asuntos jurídicos, económicos, etcétera. En realidad, todo eso les parece completamente secundario a la hora de la verdad, pues, en realidad, todo lo que echan en falta y les sirve de argumento para reivindicar el matrimonio monoparental lo podrían obtener sin matrimonio. Lo que en realidad parecen desear es, sin más, que su unión sea socialmente considerada idéntica al matrimonio, \’por ley\’, que la ley diga o \’dicte\’ esa identidad que tal vez jamás conseguirían culturalmente.

El Gobierno que lo promueve defiende, en cambio, ingenuamente, que no se trata de ningún cambio para el matrimonio, sino de la \’ampliación de un derecho\’ a un colectivo ciudadano, que en nada restringe ni modifica los derechos de los demás. Pero eso no es del todo verdad. Todas las leyes positivas afectan a todos los ciudadanos al crear, al menos potencialmente, algunas o muchas obligaciones. Es cierto desde luego que no se obliga a nadie a casarse con alguien del mismo sexo, pero también es cierto que jurídicamente, por ejemplo, se nos obliga a todos -incluso a quienes no piensen así- y a la sociedad, al \’sujeto político\’, a considerar esas uniones como si fueran matrimonio. Más allá de una \’political correctness\’ -que ya existía- se crea una obligación jurídica y, por tanto, una nueva moralidad impuesta e imponible por ley. Hace unos meses, un brillante pensador y político italiano fue sometido a un vergonzoso proceso inquisitorial laico (con examen público de pensamientos y juicios morales internos) en el Parlamento europeo; se inquirió indecentemente si él pensaba que la homosexualidad era un pecado, y al descubrirlo fue inmediatamente censurado y vetado. Dentro de poco será ilegal enseñar en la escuela que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Es soportable que lo cultural se imponga por la fuerza de la ley? ¿Puede un Parlamento crear la verdad, el significado, e imponerlos a los ciudadanos?

A partir de ahora, \’por ley\’ no podré yo, ciudadano, decir que eso no es un matrimonio. Se trata, pues, de la imposición que me afecta: es más, se trata de una opinión moral, por cierto la que hasta ahora ha sido completamente minoritaria; tanto que es inédita en la historia de la civilización. No es que se nos imponga a todos el respeto a las personas homosexuales, de manera que no sean nunca maltratados, insultados, injustamente discriminados; no es que se facilite su situación de convivencia, si quieren asumir la homosexualidad como forma amorosa… No, sino que se impone a la fuerza -la fuerza de la ley- la respetabilidad moral de una conducta a base de equipararla obligatoriamente, \’por ley\’, a una institución respetable.

Aunque es poco probable que consigan doblegar la rigidez del Gobierno, hay que agradecer a la inmensa mayoría de las organizaciones familiares que hayan dado la batalla dialéctica en esta cuestión, en la que en la mayoría de los partidos y de medios de comunicación ha prevalecido el apoyo a la medida, tal vez pensando que contenta a algunos y no hace mal a nadie. La gente parece decir: \’Es cosa de ellos, que hagan lo que quieran\’; como si el asunto no afectase a la entera sociedad. También a las iglesias, especialmente a la Iglesia católica, que ha asumido el papel menos apetecible de la crítica desde el primer momento. Ni su doctrina es homófoba (por el contrario, su juicio sobre la homosexualidad es muy matizado y respetuoso), ni le hace especial ilusión gastar su predicación en estos temas, que no son desde luego los primordiales de la vida de la Iglesia (casi al mismo tiempo que su última nota sobre la ley de marras, por ejemplo, sacó otra sobre la inmigración que nadie del Gobierno o de los periódicos se molestó en comentar); pero se ha atrevido a cargar con el coste de impopularidad que conlleva la valentía de ir contracorriente y someterse a un linchamiento mediático.

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