EXPERTOS ABOGAN POR UN MAYOR CONTROL EN LOS CONTENIDOS DE INTERNET

Bajo el sugestivo título «La protección infantil en la sociedad de la información», la Fundación Infomedio ha organizado un desayuno coloquio con el patrocinio de Microsoft, y la colaboración de Trámite Parlamentario y Radio lntereconomía, en el que se ha tratado un tema de tanto calado y actualidad como ése. En el encuentro intervino Arturo Canalda, Defensor del Menor de 1a Comunidad de Madrid, así como Carlos de la Iglesia, director de relaciones corporativas de Microsoft Ibérica, y Natalia Ordenes, presidenta de Infomedio, que explicó que la iniciativa nació de la necesidad de «reclamar mecanismos de control más rápidos y eficaces» para evitar que las nuevas tecnologías se pongan al servicio de la pornografía infantil o la incitación al odio y a la violencia.

Los tres coincidieron en la importancia de concienciar a la sociedad de los peligros que pueden entrañar las tecnologías para los menores -abusos sexuales, contenidos violentos, páginas web impulsoras de disfunciones alimentarias, e incluso ciberterrorismo- y de lo vital que resulta garantizar una navegación segura. En este sentido, el Defensor del Menor puso el acento en la responsabilidad de los padres, así como en lo importante que es desarrollar sistemas de protección, aunque advirtió de que «los filtros no son una panacea». «Es importante reducir la brecha digital entre padres e hijos para implicar a padres y profesores en este problema», aseguró Canalda. Y lanzó una pregunta: ¿Los niños tienen que verlo todo?».

El Código Penal

Entre las actuaciones «necesarias» Arturo Canalda pidió que se modifique el Código Penal para que se penalice a los propietarios de las páginas web que incitan a la anorexia y la bulimia. Canalda señaló que existen más dificultades para cerrarlas porque no hay tipo legal que lo recoja. «¿Qué argumentamos? ¿Incitación al suicidio? ¿Delito de lesiones?». En todo caso, no es el único problema con el que se encuentran ante la tesitura de cerrar una página web. «Es una maraña administrativa y judicial», aseguró Canalda. En este sentido se pronunció también Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, quien participó del coloquio y advirtió de la existencia de «más de 500 páginas web de contenido xenófobo, racista e incluso nazi que no se cierran».

Carlos de la Iglesia, director de relaciones corporativas de Microsoft Ibérica, puso sobre la mesa estadísticas que hablan por sí mismas de la dimensión del problema, entre ellas que más de cien mil sitios en internet contienen pornografía infantil. «Un tercio de los niños ha recibido alguna solicitud sexual no deseada a través de la Red, y menos de un 10% de los padres ha sido consciente. Y no sólo eso: en España, e1 79% de los adolescentes dicen que ven contenidos en internet que sus padres no les dejarían ver».

Medidas en marcha

Entre las medidas que ha puesto en marcha Microsoft, De 1a Iglesia habló, por ejemplo, del «cierre del chat, aunque se nos criticó por demonizar la Red», así como de la estrecha colaboración que la compañía mantiene con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluido el acuerdo firmado hace pocos meses en este sentido con el Ministerio del Interior y que estará listo para entrar en funcionamiento «en verano, porque es muy complicado técnicamente. Con este sistema, se va a permitir, entre otras cosas, que un delincuente juzgado entre en una base de datos compartida por la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías autonómicas, ya que «la cooperación es necesaria e imprescindible».

«Las nuevas tecnologías también pueden garantizar que los menores puedan hacer una navegación segura», aseguró Carlos de la Iglesia, quien apostó por proporcionar a los padres las herramientas necesarias «para que puedan controlar todo lo que hace su hijo en la Red». Y puso varios ejemplos, como la posibilidad de que el ordenador registre distintos usuarios según edad, o de que exija una autorización del padre para que su hijo pueda añadir un contacto en su Messenger. En todo caso, de la Iglesia apostó por «involucrar a padres y docentes» como factor más importante

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