EL RETORNO DEL MATRIMONIO

El Retorno del Matrimonio
Ponencia de R. Navarro-Valls, el 10-2-2001, en la sesión de trabajo del Club Zayas.

EL RETORNO DEL MATRIMONIO *

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN.

II. MATRIMONIO OPCIONAL.

III. HETEROSEXUALIDAD Y MATRIMONIO.

IV. LAS UNIONES DE HECHO.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Hace unos años, al concluir mi discurso de ingreso en esta Real Academia, al describir el proceso de erosión que actualmente sufre el modelo occidental de matrimonio, que –no se olvide- es el modelo tributario de las construcciones canónica, observaba incidentalmente que no debía considerarse sólo como “una reliquia histórica”[1]. Esta aislada observación, quedaba, sin embargo, como oculta bajo el abrumador panorama en el que, en ese mismo trabajo, describía el rapidísimo proceso de desintegración del modelo clásico, en lo que se ha llamado la era del matrimonio “post cristiano”[2]. Erosión –decía- que trae su causa en una combinación de los siguientes factores: desinstitucionalización, privatización, desformalización, secularización y debilitación de la heterosexualidad[3].

Dado que esta ponencia se presenta en esta misma Academia, tal vez sea esta una buena ocasión para analizar algunos síntomas que pueden suponer el inicio de una cierta marcha atrás en el proceso apuntado. Me refiero a algunas iniciativas legales y decisiones jurisprudenciales que reafirman rasgos típicos que el matrimonio canónico consolidó durante siglos. Iniciativas que, a veces, se entrecruzan con otras que siguen adelante en el proceso de erosión antes aludido. De ahí que las clasifico simplemente de “síntomas” queriendo hacer notar que su existencia manifiesta un lentísimo proceso de retorno que requerirá una dilatada etapa para suponer un auténtico “camino hacia atrás”.

II. MATRIMONIO OPCIONAL.

Comencemos con la estabilidad del matrimonio. Es sabido que uno de los instrumentos técnicos con que el Derecho canónico ha intentado, en pleno siglo XX, contribuir a la estabilidad del matrimonio ha sido recalcar su indisolubilidad a través del indirecto mecanismo de lograr, al menos, su respeto opcional. De este modo, Portugal, República Dominicana y Colombia establecieron, por vía concordataria, la posibilidad de divorcio, y el matrimonio canónico con efectos civiles, que venía a ser indisoluble no sólo ante la Iglesia sino también ante el Estado. Prescindiendo aquí de las causas por las que, en dos de estos países, el sistema naufragó, el caso es que alguna parte de la doctrina sigue mirando con atención el experimento[4].

Un ejemplo actual de esa corriente podría singularizarse (aparte iniciativas individuales que, por ejemplo, en España y México han llevado a solicitar que conste como nota marginal en la inscripción del matrimonio la voluntad de algunos contrayentes de configurar su unión como indisoluble) en la ley dictada en el estado de Luisiana[5] por la que se introduce un matrimonio “pactado” u opcional. Para esta Ley un matrimonio “pactado” es el contraído por un hombre y una mujer que entienden y acuerdan que el matrimonio entre ellos es una relación “para toda la vida”. Es sintomático el texto de la declaración que, antes del matrimonio, deben pronunciar los que acuerdan esta modalidad matrimonial: “declaramos solemnemente que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, que acuerdan vivir juntos como esposos durante todo el tiempo de su vida. Nosotros nos hemos cogido el uno al otro después de pensarlo detenidamente, y nos hemos revelado mutuamente todo aquello que pudiera afectar adversamente a la decisión de contraer este tipo de matrimonio (…) si en el futuro experimentáramos en nuestra unión especiales dificultades, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos razonables para preservarlo, incluido el asesoramiento de expertos”. La declaración concluye: “Con completo conocimiento de lo que significa este compromiso, declaramos que nuestro matrimonio estará sujeto a esta Ley y prometemos amarnos, honrarnos y cuidarnos como marido y mujer durante el resto de nuestras vidas”. Por ahora, este matrimonio “pactado” –junto al que coexiste el matrimonio estándar de Luisiana, al que se le aplica un divorcio de fácil consecución, tras seis meses de separación– puede disolverse en ciertos supuestos: por ejemplo, la parte no culpable puede solicitar su disolución cuando el otro cónyuge haya abandonado el hogar, separación consentida al menos durante dos años, y en otros supuestos como la condena a prisión a trabajos forzados, etc. Estas limitaciones al divorcio y la posibilidad de que la voluntad humana asuma una concepción jurídica y no sólo moralmente cercana a la indisolubilidad, no parece lesiva del juego de la libertad en el seno del matrimonio.

Por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos ha declarado, al menos en dos ocasiones[6], que un sistema matrimonial que establezca la indisolubilidad no es contrario a la Convención de Roma ya que “el hecho de que un país ocupe una situación aislada en un aspecto de su legislación no implica forzosamente que tal aspecto sea contrario a la Convención, sobre todo en un ámbito, como es el matrimonial, tan estrechamente ligado a las tradiciones culturales e históricas de cada sociedad y sus concepciones profundas respecto de la célula familiar”.

III. HETEROSEXUALIDAD Y MATRIMONIO.

Otro sector donde comienzan a insinuarse movimientos que marcan distancias frente a corrientes, al parecer impetuosas[7], que ponen en cuestión notas básicas para el matrimonio occidental es el de la heterosexualidad: El 11 de septiembre de 1996 el Senado de Estados Unidos ratificaba por una mayoría muy cualificada[8], la llamada “ley de defensa del matrimonio”[9]. De entrada, ya es sintomático alguno de los argumentos utilizados para su apoyo parlamentario: “la idea de un matrimonio entre personas del mismo sexo daría al traste con miles de años de estabilidad social, a los que decisivamente ha contribuido en nuestra civilización el matrimonio tradicional”[10].

La ley tiene tres breves secciones. En la primera, como es habitual en bastantes normas federales, se acoge la denominación abreviada con la que puede ser citada en los ambientes judiciales, académicos o forenses: “Esta ley puede ser citada como “Ley de Defensa del Matrimonio”. La segunda sección contiene una norma referida al derecho interestatal. “Ningún estado, territorio, posesión o tribu, concerniente a la relación entre personas del mismo sexo, que sea considerada como matrimonial según las leyes de ese otro Estado, territorio, posesión o tribu.

La tercera sección precisa el concepto del matrimonio que, expresamente, acoge el propio Código federal. A partir de esta ley: “Para determinar el sentido de cualquier Ley del Congreso o de cualquier norma, regulación o interpretación de los distintos departamentos administrativos y agencias de los Estados Unidos, el término matrimonio significa sólo una unión legal entre un hombre y una mujer como marido y esposa, y el término cónyuge se refiere solamente a una persona de sexo contrario que es un marido o una esposa”. Para entender esta disposición –que recuerda las que suelen incluirse en los Códigos Civiles europeos en el marco del Derecho Internacional Privado- conviene tener en cuenta que, en Estados Unidos, la regulación del matrimonio pertenece a los diversos estados.

De ahí la posibilidad de que algún Estado pudiera aprobar en sus propias Cámaras una ley reconociendo el matrimonio entre homosexuales. La norma antes transcrita –incluida ahora en el Código de los Estados Unidos- cierra el camino a que, los restantes Estados, se vieran compelidos a reconocer efectos directos o reflejos a tales situaciones surgidas al amparo de una hipotética legislación de otro Estado.

Aunque la ley ha sido calificada por algunos grupos homosexuales norteamericanos como “anticonstitucional”, la verdad es que se inscribe en una tendencia detectable en foros jurídicos muy distintos. Así, el propio Tribunal Supremo norteamericano hace años había declarado “que no se ha demostrado ninguna conexión entre la familia, el matrimonio y la procreación, por un lado, y la actividad homosexual por otro”[11]. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos[12] hizo notar, a su vez, que el derecho al matrimonio garantizado por el artículo 12 de la Convención de Roma, “se refiere al matrimonio tradicional entre dos personas de sexo biológico opuesto”. La Asamblea Legislativa de Ontario (Junio 1994) rechazó un proyecto de Ley que pretendía redefinir el concepto de familia y matrimonio para incluir en él la unión de personas del mismo sexo. Ontario combatió la idea de que la noción de cónyuge se extendiera a la “persona con la cual otra está casada o la persona de uno u otro sexo con la cual se vive en una unión conyugal fuera del matrimonio”[13].

En el marco del derecho español, el Tribunal Supremo ha establecido que el transexual no adquiere un ius nubendi con persona del mismo sexo biológico (sentencia 19 de abril de 1991); La Dirección General de los Registros (resolución de 2 de Octubre de 1991) ha observado que los derechos fundamentales y las libertades constitucionales “deben ser interpretados de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por España, los cuales, al garantizar el derecho a casarse, se refieren exclusivamente al matrimonio entre personas de distinto sexo biológico”; y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el estado matrimonial “no guarda similitud con la convivencia de dos homosexuales”, ya “que el matrimonio es una institución limitada al hombre y la mujer” (sentencia 25 de febrero de 1993)[14]. Y el Tribunal Constitucional, al conocer un recurso de amparo contra esta última sentencia del Tribunal superior de Justicia de Madrid, ha sostenido “la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial”.[15] A su vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más recientemente, ha vuelto a reiterar que el impedimento existente en el Reino Unido de no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, no implica violación del art.12 del convenio de Roma, el cual –garantizando el derecho a casarse- “se está refiriendo al matrimonio tradicional entre dos personas de sexo biológico diferente”. En efecto, la Corte de Estrasburgo, en su sentencia de 30de julio de 1998[16], recuerda esa afirmación al ratificar el criterio del Reino Unido que denegó a dos transexuales el derecho a casarse con persona del mismo “sexo biológico”, pero de diverso “sexo cerebral”. Según la Corte, la negativa británica no supone violación de la privacy [17].

Todavía más cercano en el tiempo, El Tribunal de las Comunidades Europeas se ha sumado a esta corriente. En su sentencia de 28 de enero de 1999[18] rehúsa asimilar las relaciones estables entre dos personas del mismo sexo a las relaciones entre personas casadas. Un funcionario comunitario de nacionalidad sueca reclama al Consejo la asimilación de su unión homosexual registrada en Suecia -de acuerdo con la legislación vigente en este país- al matrimonio. La finalidad es obtener los beneficios concedidos a los funcionarios comunitarios en materia de alquiler de vivienda. El Consejo rechaza la pretensión, que confirma en la sentencia citada el propio Tribunal. Su argumentación básica es “que el estatuto de la Función Pública de la Unión Europea contempla exclusivamente el matrimonio en el sentido tradicional del término”. Añadiendo que “el derecho comunitario, en su actual situación, no asimila las relaciones entre dos personas del mismo sexo a las relaciones entre personas casadas”. Y recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE[19] ha sentado el criterio de que un empleador no viene obligado a conceder a una unión estable homosexual –“incluso aunque esté registrada oficialmente por una administración oficial” –los mismos efectos que a las uniones matrimoniales. Y ello, porque en el actual estudio de la evolución cultural europea, las uniones entre homosexuales no cabe incluirlas claramente en el “respeto de la vida familiar protegido por el artículo 9 de la Convención”.

En realidad, las actuales prohibiciones legales de contraer matrimonio personas del mismo sexo no pueden encuadrarse en el marco de legislaciones discriminatorias o atentatorias de los derechos de una minoría. Los homosexuales no constituyen propiamente una minoría en el sentido jurídico de la palabra (al menos, con la intencionalidad con que las minorías aparecen reseñadas en las declaraciones internacionales), que exija mecanismos especiales de protección distintos de los proporcionados por el Derecho común. No lo son en el sentido del artículo 27 del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos de la ONU (“minorías étnicas, religiosas o lingüísticas”), ni tampoco puede encuadrarse su discriminación entre los motivos enumerados en el art.14 de la Convención de Roma.

Esto explica que el propio Senado de Estados Unidos, al tiempo que sancionaba la ley de Defensa del Matrimonio, rechazaba otro proyecto de ley que pretendía prohibir la discriminación en los puestos de trabajo por razones de orientación sexual. El poder legislativo coincidía así con la rama judicial norteamericana que, con anterioridad, había también rechazado el concepto de “clase” como aplicable a los homosexuales. Así, en mayo de 1995, la Corte Federal de Apelación en el Sexto Circuito, entendió constitucional una Enmienda – aprobada por referéndum- a la nueva ordenanza de Derechos Humanos de la ciudad de Cincinnati, que negaba la aplicación del término “clase” a los homosexuales, como minoría privilegiada susceptible de especial protección. Para la Corte de Apelación[20], la Equal Protection Clause de la Constitución federal estadounidense no obliga estrictamente a establecer una legislación protectora de los homosexuales frente a la discriminación en el trabajo. Según la Corte, el Tribunal Supremo norteamericano ya ha establecido que los homosexuales no gozan de una especial protección constitucional. Incluso en el supuesto de que fuera cierta la afirmación de que las tendencias sexuales (en especial las homosexuales) son un impulso que va más allá del control individual, “ninguna ley podría tutelar con eficacia a un grupo o clase que no es identificable, en la medida en que su identidad se define por características subjetivas o internas, tales como deseos innatos, tendencias y pensamientos”. Ese grupo de personas homosexuales no constituyen una “clase”, por lo menos, en sentido jurídico. De hecho, muchos homosexuales consiguen con éxito ocultar sus tendencias, que generalmente no son identificables externamente. La sentencia concluye haciendo notar que una cosa es prohibida la sanción penal contra los homosexuales y, otra, que las decisiones sobre empleo, por ejemplo, no puedan tomar como base determinadas cualidades personales.

IV. LAS UNIONES DE HECHO.

En esta rápida enumeración de síntomas jurídicos que sugieren la pervivencia, en el trasfondo de los derechos de familia occidentales, de rasgos típicos del matrimonio, tal y como la conceptúa la tradición judeo-cristiana, veamos alguna reciente jurisprudencia internacional en materia de matrimonio versus uniones de hecho.

Aquí, digámoslo incidentalmente, lo que está en cuestión es el proceso de formalización de la unión matrimonial iniciado en Trento y ratificado posteriormente por las legislaciones civiles. Probablemente uno de los ejemplos más significativos haya sido la decisión de 4 de Marzo de 1998 de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Quintana contra España[21]. La demandante había vivido 65 años en unión de hecho con E.M.B. Fallecido éste, la mujer solicita pensión de viudedad. Los servicios de seguridad social española rechazan la petición. Recurrida ante los tribunales españoles, estos confirman esa decisión. Rechazado también el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la demandante recurre a los órganos de Estrasburgo. La Comisión de Derechos Humanos ratifica la posición española, declarando infundada la demanda que alegaba la contravención de los artículos 14 y 8 de la Convención de Roma.

La fundamentación de la decisión de Estrasburgo es la siguiente: a)Una relación more uxorio no puede ser equiparada a la relación matrimonial; b) El tratamiento desigual de relaciones jurídicas desiguales no puede calificarse de discriminatorio ni contrario al principio de igualdad; c) Conceder el beneficio de la pensión de viudedad en caso de matrimonio previo y no en los supuestos de simple unión more uxorio “tiene una justificación objetiva y razonable, que es la protección de la familia tradicinal”, lo cual no supone transgresión de los principios básicos que subyacen en la Convención de Roma. Añadamos aquí que lo que parece decir la Corte es que está fuera de discusión que en una democracia liberal todo individuo adulto es libre de tener relaciones y establecer formas de convivencia con el partner que lo desee, sea de uno u otro sexo.

Pero no es verdad que una cuestión que modifica modelos culturales fundamentales de una colectividad pueda ser resuelta solamente desde el punto de vista de los derechos individuales. Como se ha dicho “nuestra sociedad se funda sobre el reconocimiento de los derechos del individuo, pero también sobre la defensa de un conjunto de valores, tradiciones, memorias e instituciones que la transforman en lo que es”. La defensa de estos valores justifica la razonabilidad de no otorgar idéntico tratamiento jurídico a situaciones desiguales[22].

V. A MODO DE CONCLUSIÓN.

La regulación de las relaciones familiares avanza a marchas forzadas hacia una sistema plural. En el centro del nuevo universo el punto de referencia es la familia de base conyugal, aunque a su alrededor comienzan a girar fenómenos paramatrimoniales que demandan regulaciones jurídicas moduladas. En este contexto, en el que se está produciendo una cierta claudicación de los sistemas matrimoniales, y un correlativo vaciamiento de la noción misma de matrimonio[23], la relevancia civil del matrimonio canónico se inserta como una punta de lanza ofertando sus propiedades, sus peculiaridades y su técnica. _Su atracción, no obstante el proceso secularizador en marcha, se manifiesta, entre otros, en los datos aportados. De este modo, el matrimonio canónico es un hábitat jurídico caracterizado por el libre mercado de oferta, en el que el término matrimonio se torna polisémico[24], desempeña una función de punto de referencia, hasta ahora inédita.

* Parte de este trabajo sirvió de base a la ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Canónico celebrado en Pamplona en Septiembre de 1998.

[1] R.Navarro-Valls, Matrimonio y derecho. Madrid, 1994, p.133.

[2] Cfr.A.Bettetini.La secolarizzazione del matrimonio nell esperienza giurídica contemporanea. Padova-Verona, 1996, p.240.

[3] R. Navarro-Valls, Ob.cit..pp.41 y ss.

[4] Cir. A. DE FUENMAYOR. El derecho a contraer matrimonio civilmente indisoluble. El llamado divorcio opcional en sus “Estudios de Derecho Civil”, vol.II, Pamplona 1992, pp.993 ss; R.Navarro-Valls, Matrimonio, familia y libertad religiosa. “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, XII (1996) pp.387ss.

[5] NW Louisiana Covenant Marriage Law, en vigor desde el 15 de agosto de 1997. Act. Nº 1380 H.B. nº 756 (Louisiana). Regular Session 1997.Cifr.F.NAVARRO-VALLS, El matrimonio institucional en dos recientes leyes estadounidenses, “Revista de Derecho Privado”, noviembre 1998, pp.769-770.

[6] Sentencias Jonhston, 18 diciembre 1986 y F. v. Suiza, 18 diciembre 1986 Publications de la Cour, Serie A, volúmenes 112&53 y 128 33, pp.25 ss. y 1.

[7] A la reciente ley holandesa de 1 de enero de 1998, que extiende los efectos del matrimonio a todas las convivencias de hecho registradas (tanto las parejas homosexuales como otros tipos de convivencia “que constituyan un grupo familiar”) se unen las más antiguas de Dinamarca (1989), Noruega (1993) y Suecia (1994). Sin asimilarlas al matrimonio, la más reciente ley catalana 10/1998 de 15 de Julio, atribuye un buen número de efectos a las uniones de hecho.

[8] La Cámara de Representantes la aprobó el 12 de julio de 1996, por una amplísima mayoría: 342 votos a favor y 67 en contra. El Senado la ratificó por 85 votos frente a 14. Y CLINTON no sólo la vetó sino que, al firmarla, manifestó su implícito apoyo.

[9] Defense of Marriage Act.Pub.L.Nº 104-199, H.R. 3396 PCS, 104 th.Cong.2d. Sess.1996

[10] Senador Robert Byrd, demócrata por Virginia occidental, recogidos en el “Washington Post” 11-09-1996.

[11] Sentencia Bowers v. Hardwick, (1986).

[12] Sentencia Cossey v. United Kingdom, Serie A.nº184; 27 septiembre 1990.

[13] Muy recientemente el Tribunal Supremo de Canadá, en su sentencia de 20 de mayo de 1999 parece rectificar este criterio, al no atribuir a una unión de personas del mismo sexo características similares a las “uniones conyugales”.

[14] Las citas pueden confrontarse en R.NAVARRO-VALLS, Matrimonio y Derecho, cit., p.102.

[15] Un análisis detenido de este auto puede verse en J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, Principio de libre desarrollo de la personalidad y Ius Connubii. “Revista de Derecho Privado”, octubre de 1998 pp.683 y ss.

[16] Affaire Sheffield et Horsham c.Royaume-Uni.utilizo texto provisional ya que la sentencia está pendiente de publicación oficial.

[17] Otras decisiones de la Comisión Europea pueden cotejarse en A.Pérez Ureña – F.Díaz Martín, Parejas de hecho y heterosexualidad, en “Tapia”, noviembre-diciembre 1998, p.24, notas 11 y 12.

[18] Sentencia D.contre Conseil de L’Union européenne, Affaire T-264/97. Utilizo texto francés provisional que me proporciona la Sala de Prensa del Tribunal de Luxemburgo.

[19] Se refiere al caso Grant, 17 febrero de 1998,C-249/96.Tec.P.I-621. Puntos 34 y 35.

[20] Sentencia Equality Foundation of Greater Cincinnati v.City of Cincinnati. 54 F.3D 261 (6th Cir.1995).

[21] Demanda 346/97. Utilizo texto proporcionado por la Sala de Prensa.

[22] G.BELARDELLI, Matrimonio e unioni di fatto. “Corriere della Sera”, 4 agosto 1998, p.I.

[23] Cfr. P. J. Viladrich, El ius connubii y la libertad religiosa en “La libertad religiosa. Memoria de IX Congreso Internacional de Derecho Canónico”. México 1996, pp. 163 Ss.

[24] Cfr. LO CASTRO, II matrimonio nell’esperienza giuridica. Analisi del Quaderni di distritto e politica ecclesiatica”, 2 agosto.

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