EL DERECHO A ELEGIR LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

Mariano Calabuig
Los padres tenemos derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Parece obvio, y de hecho lo es (¡cómo no vamos a tener semejante derecho!). Tan obvio que está recogido en la Constitución y en documentos de rango internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero aun siendo un derecho obvio y reconocido, en los países de nuestro entorno la mayor parte de los padres no pueden elegir la educación que desean para sus hijos. Sólo lo hacen quienes quieren y están al alcance de pagarla; o quienes deseándolo, obtienen una plaza en la concertada. Los demás tienen que conformarse con acudir al colegio público más cercano; no pueden optar, por ejemplo, por el centro que consideren mejor o en plurilingüismo o en educación artística. Pocos son, por tanto, los que pueden ejercer el derecho, reconocido por la Constitución, de elegir la educación en libertad.

Ahora, ante un nuevo debate educativo, los padres queremos alzar la voz en defensa de nuestro derecho. Más cuando la próxima reforma educativa parece olvidarse de que somos los verdaderos protagonistas del derecho a la educación, los verdaderos usuarios del sistema educativo. Y queremos dejar bien claro que la libertad de enseñanza pasa por nuestro derecho a elegir en libertad. Algo que no es una reivindicación de lujo, como parece desprenderse de la discusión en torno al proyecto de Ley Orgánica de la Educación. Se trata de un derecho de todos los padres. Quienes niegan este derecho retroceden a viejas fórmulas que mantenían que la educación era cosa del Estado, que debía educar a las nuevas generaciones de acuerdo con la ideología en el poder.

Pero el derecho a educar corresponde a los padres, no al Estado. Eso significa que la educación es un servicio de interés general que las autoridades públicas deben garantizar: el Estado ha de asegurar a todos el acceso a una educación de calidad en libertad.

El proyecto de Ley Orgánica de la Educación está más cerca de la visión estatalista que de la concepción plural de la educación, pues lo entiende al revés: el Estado es sujeto y titular del servicio público de la educación y los centros privados son de aquellos chiflados que «desean colaborar en la prestación del servicio público» (artículo 116). En esta lógica, los centros privados concertados sólo tienen sentido en la medida en que la Administración no llegue a satisfacer la demanda a través de la oferta de puestos escolares públicos. Son centros, por tanto, que han de configurarse progresivamente como centros asimilados a los públicos, sin derecho a hacer respetar su ideario. De nuevo, el Estado hurta la libertad de los padres. Éste es el trasfondo del proyecto de ley que el Gobierno central ha enviado a las Cortes.

España sigue situándose a la cola de los países avanzados, tanto en resultados académicos (los que refleja el Informe Pisa, por ejemplo) como en lo que a una configuración moderna, actual y plural de la educación se refiere. Con la nueva ley, se abrirá el camino a una planificación de la enseñanza también de corte totalitario: el poder decide dónde situar las escuelas y a cuál debe ir cada alumno, dejando de lado el derecho de los padres a elegir el centro que desean para sus hijos, sea público o privado, concertado o no. Olvida que la Constitución señala, efectivamente, el deber de los poderes públicos de garantizar a todos la educación «mediante una programación general de la enseñanza», pero con la «participación efectiva de todos los sectores afectados» (artículo 27.5).

Parece que los autores de la LOE todavía no se han enterado de que la mejor planificación de la enseñanza es la que resulte de la elección libre de los padres, de la que se desencadenará una mayor demanda en los centros de calidad, sean públicos o privados: en el Reino Unido, como en tantos otros países civilizados, las mejores escuelas son públicas. El propósito de algunas Administraciones educativas parece ser el de imponer una zonificación estricta, en un intento deliberado de llenar los centros públicos, incluso estableciendo nuevos centros donde no son necesarios, asfixiando así poco a poco a los privados.

Afortunadamente, el desarrollo que tuvo el sistema educativo en el País Vasco -precisamente en la década de los años 80, durante el mandato del Gobierno de coalición PNV-PSE- dibuja un mayor equilibrio entre redes educativas, pública y de iniciativa social. Aquí contamos con una oferta más plural de modelos organizativos de centros; se atiende a la demanda de escolarización para la concertación; y los padres de hijos de tres años (edad donde ya hay una escolarización del 100%) podemos elegir con total libertad entre centros de las dos redes, públicos y concertados, y dentro de ellas el centro que prefiramos. Si deseamos un sistema educativo de calidad en el que los padres puedan elegir la educación que quieren con libertad -sólo un sistema así redimirá a nuestra juventud de los resultados que ha denunciado el Informe Pisa-, la sociedad ha de intervenir en el gobierno de la educación. El panorama se completa, además, con un dato: el coste por puesto escolar de la red pública en todas las comunidades autónomas es muy superior al de escuela concertada. Un dato que debe hacernos recordar algo que en muchas ocasiones se olvida: que los dineros que los poderes públicos destinan a la enseñanza no son públicos: son los dineros que la sociedad (es decir, los padres) destina a hacer efectivo el derecho a la educación. Y por eso los padres también debemos apelar al derecho a que nuestro dinero sea administrado adecuadamente.

En este debate que ahora nos ocupa, los padres estamos de parte de la Constitución y de las leyes internacionales en lo referente a los derechos y libertades que nos corresponden como primeros y principales responsables de la educación de nuestros hijos. Ojalá los legisladores de la LOE estén también con la legislación establecida.

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