EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Enrique Marcos Pascual
Mediante la garantía jurídica del reconocimiento del derecho a la libre elección de centro educativo por los padres se pretende evitar el adoctrinamiento por medio de la enseñanza en los casos en que no se permite una elección real de centro educativo. Por tanto si no se reconociese el derecho del Art. 27.3 de la Constitución Española la elección de centro sólo daría satisfacción a este derecho, en parte. No existiría entonces la neutralidad en la enseñanza.

El Gobierno en una sociedad democrática, debe tener mucho tacto al intervenir en la educación, concretamente el Gobierno tiene la obligación ineludible de distinguir como dicen los Profesores Peacock y Wiseman entre la “educación como medio de comunicación de valores y la educación que resulta de la imposición de sus propios valores”.[1]

En España el antecedente de la educación para la ciudadanía es una referencia que se hace en la LOGSE (1990). En esta ley, la educación para la ciudadanía se considera como una materia transversal integrada en otras áreas. Sin embargo, tras los años de vigencia de esta ley se ha comprobado que este objetivo no se ha alcanzado.

Con la LOE se ha dado un paso más y se presenta como materia obligatoria y con sustantividad en el currículo. Apareciendo mencionada expresamente en el texto en nueve ocasiones: en el preámbulo y en los capítulos donde se habla de educación primaria y secundaria obligatoria, formación profesional, educación de personas adultas, funciones del profesorado y formación permanente del profesorado.

Y es que a lo largo de la historia se repiten los errores y como dice García Hoz “la confusión de la acción educativa con la acción social o la política”[2]. El mismo autor reconoce “durante siglos la escuela se ha venido ocupando de la educación, sin pretender suplantar a la familia, cuando los ideólogos y gobernantes modernos se hicieron cargo de la trascendencia política que la educación podía tener el ansia de dominio y manipulación del hombre volvía al primer plano y al intento de llevar a la realidad algún viejo sueño de que el Estado fuera el único agente educador”[3]

Lo que hace el Estado es asumir el papel y los derechos de los padres, es decir se produce una estatalización. Este aspecto se despliega en dos ámbitos:

a) Dificulta el derecho de los padres a elegir centro escolar para sus hijos:

En la LOE se traslucen trabas a la libertad de elección de centro. En la composición del Consejo Escolar de los centros públicos y concertados aparece un representante del Ayuntamiento y, por consiguiente, un mayor intervencionismo. Afortunadamente en una de las últimas fases del debate parlamentario de la ley se admitió una enmienda – que reemplazaba la redacción inicial, “podrán solicitar el régimen de conciertos”, por la fórmula “podrán acogerse” (art. 116.1), para no alterar la redacción de la Ley Orgánica 8/1985 (art. 47). De este modo se mantuvo el margen de creación de centros concertados y, para los padres, el de elección de centro financiado con fondos públicos. No obstante, la elección está, desde aquella ley, muy condicionada por la proximidad del domicilio al centro docente.

b) La pretensión de “moldear” la moral de los alumnos.

El preámbulo de la Ley es inquietante cuando nos presenta la Educación para la ciudadanía como intento de “profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos”. La descripción del área de educación para la ciudadanía no distingue los principios morales – personales, de los cívicos que vertebran la convivencia. De tal modo que uno de los objetivos para Secundaria Obligatoria, es el de “conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales, con ello se impone y absolutiza principios cívicos como criterios globales de actuación. El planteamiento es similar en Educación Primaria. Efectivamente, el ejercicio de la ciudadanía activa e integradora parte, como referente indiscutible, de los valores en que se asientan los Estados y sociedades democráticas. Consecuentemente, al perfilar la competencia de la Educación para la Ciudadanía, se afirma que, “supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas”; añade además en la redacción del Anexo II la intencionalidad formativa al decir “El área pretende [….] para la construcción de proyectos personales de vida”, cuando la carga moral de los contenidos afecta a niños de 10-11 años en plena preadolescencia. En cuanto a los criterios de evaluación tratan de valorar si el alumno “manifiesta en sus comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características propias y si ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos […] Comprobar […] si acepta las diferencias interpersonales” o incluso la opinión de los menores respecto a situaciones presentada como de discriminación: “Si rechaza las consecuencias de las mismas”. Incluso se habla, dentro de la competencia “social y ciudadana”, de que estén integradas habilidades que permiten “elegir como comportarse en determinadas circunstancias” y ello implica que se utiliza “el juicio moral [se supone que basado en los valores del sistema] para elegir y tomar decisiones”. Se añade que esta dimensión entraña “crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto”. Precisamente la coherencia es un elemento que, por depender de las convicciones personales, entra dentro de la libertad de conciencia y su indagación es reprobable (art. 16.2 de la Constitución Española).

La incisividad de la Educación para la Ciudadanía en la conciencia del alumno se refleja en la profusión, a lo largo del Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de sintagmas como: “formación de futuros ciudadanos”, “educación afectivo- emocional”, construir “un proyecto de vida propio”, “una conciencia moral y cívica”, contribuir a “reforzar la identidad personal”, “referente ético-común”

c) Impone una ideología en la escuela: a la verdad se llega por consenso.

Con la nueva materia se inculcan ideologías como el relativismo, el permisivismo o el consensualismo, así como el laicismo, y concretamente su fisonomía actual, el relativismo-permisivismo político-, que no sólo se impone sino que también se opone, con los recursos de la maquinaria del Estado, a cualquier pretensión de verdad. El Consejo de Europa, en la Recomendación 1396/1999, Religión y democracia, desarrolla lo referido a promover la educación sobre la religión con una mención expresa a que se evite, “en el caso de los niños, cualquier conflicto entre la educación pública en materia religiosa y las creencias religiosa de sus familias, con el fin de respetar la libre decisión de las familias en esa delicada cuestión” En mi opinión es un modo de definir la neutralidad o abstención a que, en este terreno, están obligados los poderes públicos, que debe favorecer la libertad. La neutralidad a la que se refieren tribunales y leyes ha de entenderse como garantía y no como obstáculo para el ejercicio de las libertades públicas y, en particular, la religiosa y de enseñanza por todos los ciudadanos en pie de igualdad. Como ha establecido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en Auto de 3 de diciembre de 2007 sobre derechos fundamentales con número de Recurso, Pieza de medidas cautelares 1686/2007, que suspende la Resolución de fecha 8-10-1987 de la Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno de Asturias por la que se desestimaba la declaración de objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, por la que se estima la medida cautelar solicitada por los padres, diciendo en su Razonamiento Jurídico cuarto y quinto, “ya que la suspensión del acto recurrido, la asistencia a clase de la asignatura para la Educación para la Ciudadanía , referida exclusivamente respecto a los hijos de los padres recurrentes en nada perjudica a tercero, toda vez que a éstos no se les priva de la asistencia a clases, ni tampoco cabe apreciar que concurra un interés general o público especial distinto del genérico que se invoca de constituir una excepción o anormalidad a la ejecutividad de los actos administrativos…. No existe otro interés general que el relativo a que todos los alumnos que alcancen una determinada edad obtengan unas mismas enseñanzas, situación que se logrará si en su día el pronunciamiento que se haga sobre el fondo resulta contrario a las pretensiones de los recurrentes. Por otra parte pone de manifiesto que no existe un interés general especial digno de protección, así como que la suspensión no causa una perturbación grave a dicho interés general, la circunstancia de que se trate de una asignatura cuya obligatoriedad no alcanza a todo el territorio nacional, pues determinadas Comunidades Autónomas no la aplican, así como que a los alumnos cuyos padres objetan no se les obligue hasta la fecha a asistir a clase, lo que indica que para los poderes públicos no existe una perturbación grave del interés general ni un interés general digno de protección”. Añade el Tribunal, “pues de no adoptar la medida cautelar, el alumno recibiría unas enseñanzas no queridas que soslayarían la finalidad del recurso interpuesto”. Existen también resoluciones judiciales en las que no se ha reconocido este derecho de los padres, pero por inadmisión por inadecuación del procedimiento, al declarar improcedente el recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, en Auto, Recurso de protección jurisdiccional número 492/2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que la implantación de esta asignatura está prevista para alguno de los tres primeros cursos de la ESO, y Francesc Xavier, uno de los hijos del demandante cursa segundo de bachillerato, no siendo por ello posible que pueda participar en esta asignatura. Igualmente respecto a la menor Maria Pau, que cursa quinto de educación primaria. También en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el Recurso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 198/2008 y la del recurso 197/2008 de 11 de febrero de 2008 no se reconoce el derecho, declarando la obligación de que el alumno curse las asignaturas Educación para la ciudadanía y los derechos humanos y Educación Etica y asista a las correspondientes clases, no considerando que la asignatura Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho ala libertad ideológica.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 23 de marzo de 1997, existe un precedente que aunque desestima la reclamación del recurrente, padre de una alumna que reclamaba en cuanto a la calificación del área de ciencias naturales, ya que la alumna dejó de asistir a clase y no superó los exámenes de evaluación de conocimientos, si bien en el suplico de la demanda se solicita que se declare aprobada la asignatura, al considerar que la asignatura sexualidad no puede formar parte del contenido de la asignatura, por ser contraria a las convicciones religiosas del demandante y de su hija. En este sentido es aclaratoria la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1985 que establece respecto a los padres “ al haber elegido libremente para sus hijos un centro con ideario determinado, están obligados ano pretender que el mismo siga orientaciones o lleve a cabo actividades contradictorias con tal ideario, aunque si pueden pretender legítimamente que se adopten decisiones que.. no puedan juzgarse, con arreglo a un criterio serio y objetivo, contrarias al ideario…”

Se concretan contenidos determinados para las nuevas materias de “Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos” y para la “Educación Ético-cívica” en diferentes momentos del sistema educativo (Primaria, Secundaria y Bachillerato) sin hacer referencia, curiosamente, a la Formación Profesional (donde quizá se da por suficiente la existencia de esta materia). Y sólo se hacen concreciones de contenidos que se refieren en todos los casos a la igualdad entre hombres y mujeres. A favor de la implantación de esta asignatura decir que, ante la falta de cultura cívica de los jóvenes, es necesario que la escuela eduque a los alumnos para ser buenos ciudadanos. En contra me gustaría subrayar el riesgo de utilizar esta asignatura como medio de adoctrinamiento político o de adaptación a lo políticamente correcto. El interés que la asignatura ha despertado está en mantener la estabilidad de las democracias; hacer frente a los problemas derivados de interculturalidad y la globalización; y, en el caso de Europa, crear una identidad de ciudadanía Europea. Existe un derecho de respeto a la libertad ideológica y religiosa, y si se rechaza la objeción de conciencia al amparo del art. 16.1 de la Constitución en defensa del derecho reconocido en el art. 27.3 de la misma, de decidir que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ante la imposición de una asignatura obligatoria. Si bien este derecho constitucional a la objeción de conciencia como derivado de la libertad ideológica no ha tenido su reflejo en la doctrina constitucional, más bien al contrario, así el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1987 declara rotundamente que “La objeción de conciencia con carácter general es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto. Y esto es lo que hizo el constituyente español, siguiendo el ejemplo de otros países, al reconocerlo en el art. 30 de la Constitución Española, respecto al deber de prestar el servicio militar obligatorio”. En esta línea también en el Fundamento jurídico 5º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1996 que dice “En suma, como hemos reiterado en otras resoluciones, so pena de vaciar de contenido los mandatos legales, el derecho a la libertad ideológica reconocido en el art. 16 de la Constitución Española no resulta por si solo suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos” En la misma línea las Sentencia del Tribunal Constitucional 15/82, 101/83, 160/1987, 161/1987, 321/94 y Auto del Tribunal Constitucional 1227/88.

Sin embargo el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en los Convenios y Pactos Internacionales de reconocimiento de los Derechos Humanos ratificados por España, de manera que su reconocimiento convencional determina, vía art. 10.2 de la Constitución Española , la interpretación a la libertad ideológica del 16.2 CE. Concretamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 declara que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. También se establece en el art. 18 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, y en el art. 9 del Convenio Europeo de Derechos humanos de 4 de noviembre de 1950.

——————————————————————————–

[1] A. T. Peacock y J. Wiseman, Education for Democrats, Hobart Paper nº 25, Institute of Economic Affaire. 1964, p. 24.

[2] García Hoz, V. “La educación liberadora de Paolo Freire” en Educadores nº 77 marzo-abril, 1974, pág. 165.

[3] García Hoz, V. Familia, sexo, droga, Rialp, Madrid 1976, pags. 49-50.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.