¿PROTECCIÓN O CENSURA?

Carmen de Andrés
En la fase final de tramitación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación está ocupando un importante espacio de debate público, cuando en realidad es una oportunidad para que los telespectadores veamos protegidos los contenidos televisivos en horario de protección al menor hasta ahora vulnerados.

El pasado 7 de enero, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta norma señala en su Exposición de motivos que “esta normativa general de referencia ha sido una demanda del sector audiovisual en su conjunto y de los consumidores desde hace años (…). Esta ley, por lo tanto, nace con la vocación de aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia, superar el disenso y alcanzar un acuerdo para una reforma que quiere ver la luz con voluntad de permanencia”.

En consecuencia, la necesidad de dicha ley está fuera de toda duda ya que la legislación básica en materia audiovisual es obsoleta y está muy dispersa en normas de rango inferior. Pero la razón más imperiosa es porque resulta insuficiente para atajar los problemas existentes en esta materia. Uno de los más graves- que vengo denunciando desde hace tiempo- es el desamparo que sufrimos los espectadores ante los contenidos de programación que emiten las televisiones en el horario de protección al menor. Una forma de solucionarlo sería mediante la creación de un consejo audiovisual nacional.

Estos organismos ya existen en las democracias más importantes del mundo- la Federal Communicatons Commisison (en estados Unidos), la Ofcom (en Inglaterra), el CSA (en Francia) o los IMA (en Alemania) e incluso la Comisión Europea y el Consejo de Europa han exhortado a su creación. Sin embargo, en España- tanto desde la oposición política como desde el sector privado de las televisiones comerciales y los anunciantes se han alzado voces en defensa de la libertad de expresión y en contra de la creación del denominado Consejo Estatal de Medios de Comunicación (CEMA).

Hasta ahora, las televisiones se autocensuraban a través de un código de buenas prácticas. El Código de Autorregulación que firmaron las principales cadenas televisivas y el Gobierno en 2004 fue una mera declaración de intenciones, ya que al poderse autorregular los firmantes ellos mismos eran los que decidían quién, cuándo y cómo se vulneraba el código.

Para maquillar el control encargaron a un organismo mixto atender las denuncias de los ciudadanos. Este organismo, por supuesto, estaba compuesto por los propios canales y Gobierno, con una pequeña representación- proporcionalmente irrelevante- de las asociaciones de usuarios. Un dato que constata la quiebra de confianza en este ente es que éste sólo ha aceptado doce denuncias de violación de la norma, cuando las asociaciones de telespectadores han señalado más de setecientas denuncias. Los programas denunciados- no más de siete- han seguido en antena con sus mismos contenidos.

A la vista de que el control gubernamental no ha funcionado en España y de que la autorregulación en materia de contenidos televisivos ha resultado inútil, la opción por un modelo distinto no se antoja descabellada.

Como indica una voz autorizada del Consejo Audiovisual de Navarra “una autoridad de regulación audiovisual que funcione correctamente nunca censurará contenidos de programación y publicidad y sus decisiones estarán guiadas por la aplicación efectiva de la normativa comunitaria, nacional y, en su caso, autonómica, nunca por la ideología, los intereses partidistas o mercantiles y la arbitrariedad.

De esta opinión es la profesora de la Facultad de Comunicación, Ana Azurmendi, que destaca que el papel de este organismo “de garantizar los derechos de los usuarios de la comunicación social justifica su función de control sobre determinados aspectos de los medios de comunicación”.

En este momento, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual avanza, pero en lo relativo a la creación de un consejo audiovisual nacional las dudas permanecen, alentadas en gran medida por las objeciones de agentes políticos y empresariales.

En todo caso, la creación de consejos audiovisuales responde a la necesidad, en las democracias avanzadas, de desgubernamentalizar decisiones trascendentes para los ciudadanos y las empresas de comunicación. La creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación no está reñido con la libertad de expresión ni el derecho a la información.

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